Nayib Bukele es un político salvadoreño y una figura destacada de la política estatal sobre Bitcoin. Para entender su evolución hay que mirar más allá de las leyes y los anuncios presidenciales: también importan Chivo, las finanzas públicas y el uso real del bitcoin.
El papel de Bukele en esta historia es político: puede promover cambios en las normas nacionales. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, TSE, documentó el 1 de marzo de 2024 la entrega de credenciales al presidente electo Nayib Bukele. Pero la autoridad del Estado no abarca toda la red Bitcoin. Sus participantes verifican reglas compartidas. Un presidente puede impulsar cambios en cómo su país trata al bitcoin; no puede ordenar por sí solo que toda la red mundial cambie sus reglas. [1]
El punto de inflexión llegó en septiembre de 2021, cuando El Salvador introdujo Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. No se trataba simplemente de permitir que una persona comprara bitcoin: el Estado le dio una posición jurídica especial y apoyó el lanzamiento de Chivo. El informe 25/58 del Fondo Monetario Internacional, conocido por las siglas IMF en inglés, describe también el objetivo de facilitar el acceso a servicios financieros y las remesas. Las normas originales contemplaban aceptación obligatoria. Los cambios posteriores impiden explicar el presente solo con aquel inicio. [2]
Imaginemos a un cliente que quiere pagar con bitcoin en una tienda. Que el comerciante pueda rechazarlo depende de las reglas vigentes, no de un antiguo titular. En febrero de 2025, el FMI describió reformas que hacían voluntaria la aceptación en el sector privado y exigían pagar impuestos únicamente en dólares estadounidenses, USD. Poder ofrecer un pago en bitcoin no equivale a estar obligado a aceptarlo. Tampoco la ley original demuestra que siga siendo posible pagar impuestos de esa forma. [3]
Chivo es una billetera y un servicio de pagos, no la red Bitcoin. Según el comunicado del FMI del 3 de septiembre de 2026, la propiedad mayoritaria y el control operativo pasaron a un operador privado. El Gobierno conservó una participación minoritaria y responsabilidades de custodia sobre los activos de clientes, es decir, sus fondos. Para el usuario son preguntas distintas: ¿quién opera la aplicación y quién tiene obligaciones respecto a su dinero? La gestión privada no significa una retirada completa del Estado. [4]
Cuando aumentan las tenencias publicadas, puede parecer que el Estado volvió a comprar bitcoin. Pero el origen del aumento necesita pruebas. En septiembre de 2026, el FMI indicó que los incrementos documentados desde la primera revisión del programa procedían de donaciones privadas, sin recursos públicos. Una donación y una compra tienen efectos distintos para el presupuesto. La afirmación abarca un período definido: no dice que todas las reservas anteriores fueran gratuitas ni calcula el coste total del proyecto. [4]
Las descargas de una billetera no muestran si la gente paga habitualmente con ella. Fernando Alvarez, David Argente y Diana Van Patten estudiaron el uso en el trabajo NBER 29968, revisado en febrero de 2023. Combinaron una encuesta presencial representativa con datos de la cadena de bloques sobre Chivo y hallaron un uso bajo, concentrado y decreciente. Esto ayuda a distinguir entre lanzar un proyecto estatal y crear un hábito cotidiano. Los resultados corresponden al período estudiado; no son por sí solos una medición de 2026. [5]
Supongamos que conocemos las tenencias de bitcoin y su precio de hoy. Podemos estimar su valor, pero faltan los costes de adquisición, los gastos operativos y las posibles obligaciones para conocer el resultado completo. En septiembre de 2026, el FMI mencionó el refuerzo de la gobernanza y la gestión de riesgos de los criptoactivos públicos. Un anuncio presidencial o un panel gubernamental no es, por sí mismo, una auditoría independiente. Para determinar ganancias o pérdidas hacen falta cuentas coherentes, no solo una cifra ascendente en pantalla. [4]
Las negociaciones entre El Salvador y el FMI forman otra parte del relato. El comunicado de septiembre de 2026 anunció un acuerdo a nivel de personal sobre la segunda y tercera revisiones del programa, controles periódicos de su cumplimiento. Era un paso, no una aprobación completada: exigía expresamente aprobación del Directorio Ejecutivo y medidas previas. Al leer estas noticias, conviene preguntar quién acordó qué y qué queda pendiente. Ese anuncio por sí solo no permite saber si hubo después una decisión final ni cuándo. [4]
Para obtener la imagen más completa, lee esta entrada junto con Jack Mallers, El Salvador Bitcoin Law, Nation-state Adoption. También enlazan con esta entrada Jack Mallers, Cynthia Lummis.