Nation-state Adoption

Lenka lee que otro país ha adoptado Bitcoin. Se imagina cafeterías donde los clientes pagan habitualmente con el móvil, pero el artículo trata de una reserva estatal de BTC. Ambos asuntos forman parte del tema, aunque cada uno necesita sus propias pruebas. Un gobierno puede tener bitcoins mientras la población sigue pagando en efectivo. En otros lugares, la gente los utiliza sin una iniciativa gubernamental especial. La minería, el reconocimiento legal y la aceptación comercial también son fenómenos distintos. La orden estadounidense sobre la reserva acredita una política del gobierno, no la proporción de ciudadanos que compran con bitcoin. [1] [3]

Lenka comprueba primero en qué fase está el proyecto. Un discurso político no es una ley aprobada, y una norma aprobada puede no haber entrado aún en vigor ni haberse aplicado. En una reserva de BTC, un anuncio no equivale a una compra documentada; trasladar monedas ya poseídas entre organismos públicos tampoco es una nueva compra. Del mismo modo, lanzar una aplicación no demuestra que la gente pague con ella. Una fecha, una decisión concreta y pruebas de su ejecución permiten seguir avances reales en lugar de sumar anuncios. [1]

Las reglas pueden cambiar incluso en un país que ya haya adoptado Bitcoin. En marzo de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI; IMF, por sus siglas en inglés) describió cambios en El Salvador: la aceptación de bitcoin pasaría a ser voluntaria y los impuestos se pagarían exclusivamente en dólares estadounidenses, o USD. El documento ayuda a entender aquel cambio, pero no sustituye al conjunto de la legislación vigente. Obligar a un comercio a aceptar bitcoin tampoco indica cuántos clientes quieren utilizarlo. Permiso legal, obligación y demanda real son cuestiones diferentes que debemos examinar por separado. [2]

La investigación sobre la aplicación salvadoreña Chivo muestra cómo pasar de los planes públicos al comportamiento de las personas. En el estudio NBER 29968, publicado por el instituto estadounidense National Bureau of Economic Research, los economistas Fernando E. Alvarez, David Argente y Diana Van Patten combinaron entrevistas presenciales con datos del registro de Bitcoin. Distinguieron entre descargar la aplicación, usar el incentivo inicial y seguir utilizándola; también estudiaron las preocupaciones por la privacidad. Chivo permitía operar tanto con bitcoin como con dólares, por lo que usar la aplicación no equivalía necesariamente a usar bitcoin. Los resultados corresponden a la población y al período investigados, no son un indicador actual para todos los países. [3]

Lenka imagina una encuesta: de 1.000 participantes, 600 conocen el servicio, 300 lo han descargado y 80 lo han utilizado en los últimos 30 días. El último grupo representa el 8 % de todos los encuestados, pero aproximadamente el 26,7 % de quienes descargaron la aplicación. Ambos porcentajes son correctos, aunque responden a preguntas distintas. Es un ejemplo inventado, no datos nacionales reales. Ni siquiera un porcentaje bien calculado puede extrapolarse a todo el país sin conocer cómo se seleccionó a los participantes. Encuestar solo a usuarios de la aplicación dejaría fuera a quienes no la tienen. [3]

El registro de Bitcoin es público, pero no contiene una lista de sus usuarios. La cartera de Lenka puede recibir BTC en muchas direcciones. Un pago también puede devolver cambio: la parte del importe recibido anteriormente que no se destina al pago ni a la comisión vuelve a una dirección de la misma cartera, no a otro cliente. En un servicio que custodia fondos de sus clientes aparece el problema contrario. Un movimiento entre usuarios puede limitarse a modificar saldos internos, sin una transacción independiente en el registro de Bitcoin. Por eso, contar direcciones o transferencias no revela por sí solo el número de ciudadanos, compras o nuevos usuarios. [4] [5]

Cuando Lenka sabe cuántas personas utilizan el servicio, aún queda la cuestión del coste. Alguien paga los incentivos, el funcionamiento de la aplicación y la custodia; las variaciones del precio de los BTC públicos también pueden afectar al Estado. Importa saber quién soporta una pérdida. En 2025, el FMI (IMF) trató expresamente la limitación de costes y riesgos públicos en El Salvador. Atraer más usuarios puede cumplir un objetivo del proyecto sin demostrar un beneficio fiscal neto: que las ventajas para las finanzas públicas superen los costes. Eso exige una evaluación aparte. [2]

Ante el siguiente titular, Lenka busca qué se midió, entre quiénes y cuándo. Un «usuario activo» puede ser alguien que inició sesión o alguien que realmente pagó; son medidas distintas. Comparar períodos exige una definición coherente, plazos comparables y una selección de la muestra bien explicada, distinguiendo pagos en BTC de otras operaciones de la aplicación. Que el uso crezca tras una política no demuestra por sí solo que esta lo causara. También pueden cambiar los precios, el acceso a servicios y otras circunstancias. Las definiciones claras ayudan a reconocer avances y límites sin dar por hecho que todo el país utiliza ya Bitcoin. [3]