FTX: el saldo que no estaba donde debía

Sam Bankman-Fried fundó la firma de trading Alameda Research y, más tarde, el exchange FTX. Afirmaba en público que los depósitos de los clientes estaban seguros y que Alameda no recibía un trato especial. Según el veredicto y la sentencia, aquellas afirmaciones eran falsas.

Alameda tenía dentro del sistema de FTX el privilegio de generar saldos negativos y retirar fondos de los clientes. El dinero financió inversiones, amortización de deudas, donaciones políticas y otros gastos. No se trató únicamente de una operación que salió mal. Fue el uso de dinero ajeno para fines distintos de los prometidos y las mentiras que lo ocultaron.

El token FTT, emitido por el propio grupo FTX, agravaba la fragilidad. Alameda conservaba una gran cantidad de esos tokens y utilizaba su precio de mercado como parte de la imagen de su patrimonio, aunque la oferta negociada libremente era mucho menor. Se formó un círculo: la firma apoyaba a la plataforma, la plataforma emitía el token y la valoración del token ayudaba a apuntalar a la firma. Pero un valor contable derivado de un mercado poco profundo no equivalía a efectivo o bitcoin que pudiera venderse en gran cantidad sin hundir su propio precio.

Gary Wang, cofundador técnico de FTX, describió después ante el tribunal los permisos especiales introducidos en el código para Alameda. Su cuenta no estaba sujeta al límite habitual y podía caer muy por debajo de cero sin que el sistema la liquidara automáticamente. Nishad Singh dirigía el equipo técnico y Caroline Ellison llegó a ser la consejera delegada de Alameda. Los cargos formales sugerían responsabilidades separadas; en realidad, las decisiones esenciales convergían en un pequeño grupo de personas que vivían y trabajaban en las Bahamas.

Mientras tanto, Bankman-Fried construía la identidad pública de alguien que ganaría todo lo posible para poder donar todo lo posible. Hablaba de effective altruism, apoyaba la regulación y, tras la caída de otras empresas en 2022, se presentaba como el salvador del sector. Aquella reputación no era un añadido publicitario. Ayudaba a atraer inversores, clientes e influencia política, y amortiguaba preguntas que habrían parecido urgentes en un exchange más corriente: dónde estaba exactamente el dinero de los clientes, quién podía transferirlo y por qué la firma de trading estaba tan vinculada al lugar que debía liquidar sus operaciones.

A comienzos de noviembre de 2022, la información publicada sobre el balance de Alameda puso en duda la calidad de sus activos y su dependencia del token FTT emitido por el grupo FTX. El anuncio de su competidor Binance de que vendería FTT aceleró una oleada de retiradas. Pero la avalancha no creó el agujero. Reveló que la empresa no podía devolver a tiempo los fondos que debía custodiar.

El 11 de noviembre, el grupo solicitó la protección del Chapter 11. El nuevo director, John J. Ray III, con experiencia en la reestructuración de Enron, declaró ante el Congreso que jamás había visto un fallo tan absoluto de los controles empresariales. Describió activos mezclados, documentación ausente y acceso de la dirección a las claves sin barreras de seguridad eficaces.

Una empresa líquida puede sucumbir a una avalancha temporal aunque, en un horizonte más largo, sus activos superen sus obligaciones. Sin embargo, las pruebas del caso FTX mostraron que los fondos de clientes que faltaban ya se utilizaban antes del pánico de noviembre. La oleada de retiradas cambió la velocidad del colapso e impidió seguir ocultándolo, no la propiedad del dinero. Las breves negociaciones para que Binance adquiriera FTX terminaron tras la revisión; la posibilidad de que un actor más conocido se limitara a asumir el agujero desapareció en un solo día.

El detonante fue el balance publicado de Alameda y el posterior mensaje de Changpeng Zhao, director de Binance, en el que afirmó que su empresa vendería los FTT que aún poseía. Los clientes empezaron a retirar miles de millones de dólares. Bankman-Fried seguía asegurando en público que los activos estaban bien mientras, dentro de la empresa, se buscaba capital capaz de tapar el déficit. El acuerdo de adquisición por parte de Binance apenas sobrevivió a la revisión. Cuando se desvaneció, también desapareció el relato de una presión temporal ejercida por un rival y quedó una pregunta sencilla: ¿dónde estaba el dinero de los clientes?

John J. Ray III asumió el mando y, como primera medida, autorizó las solicitudes de protección por quiebra. El hombre que había ayudado a afrontar las consecuencias de la caída de Enron describió en una declaración judicial y ante el Congreso una contabilidad incompleta, gastos aprobados con emojis, viviendas para empleados compradas con dinero de la empresa y claves privadas sin la protección adecuada. No era solo otra cultura caótica de startup. FTX tenía millones de clientes y gestionaba un patrimonio que exigía procedimientos de banco o de exchange; sus decisiones, sin embargo, seguían pareciéndose a un chat de grupo entre unos cuantos amigos.

Bankman-Fried fue detenido en las Bahamas en diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos. En noviembre de 2023, un jurado lo declaró culpable de siete delitos de fraude y conspiración. En marzo de 2024 fue condenado a 25 años de prisión y al decomiso de más de 11 mil millones de dólares.

El tribunal de apelación confirmó la condena en junio de 2026. Esta cronología separa la responsabilidad penal de una persona de la resolución concursal de las empresas. La condena no devolvió automáticamente a cada cliente sus monedas originales, del mismo modo que el pago a un acreedor no cambia la naturaleza del fraude demostrado.

El juicio no se basó únicamente en la impresión pública de que el exchange había quebrado. El jurado escuchó a antiguos colaboradores, vio mensajes internos y documentos contables, y conoció la manera en que el código concedía excepciones a Alameda. La fiscalía debía probar fraudes y conspiraciones concretos más allá de toda duda razonable; Bankman-Fried pudo declarar y la defensa impugnar las pruebas. La sentencia no es, por tanto, una etiqueta aplicable a toda mala decisión empresarial en el mundo de las criptomonedas. Es una conclusión jurídica sobre el engaño consciente a clientes y acreedores dentro de este sistema concreto.

Los testigos más poderosos no fueron críticos externos, sino personas del círculo más íntimo. Caroline Ellison describió cómo Alameda utilizaba el dinero de los clientes y preparaba varias versiones del balance para que los prestamistas no vieran la situación real. Gary Wang explicó las excepciones del código y Nishad Singh, las donaciones políticas y la toma de decisiones interna. Los tres admitieron su propia actividad delictiva y colaboraron con la fiscalía. Por eso sus motivaciones fueron examinadas durante el contrainterrogatorio, pero sus testimonios se apoyaban en documentos y datos que el jurado podía contrastar.

Bankman-Fried decidió declarar. Sostuvo que había cometido errores, pero que no había robado y que actuó convencido de que Alameda podía utilizar los fondos. Los fiscales opusieron a esa versión sus propias garantías públicas, instrucciones privadas y conocimiento del déficit. El jurado deliberó durante unas horas y lo declaró culpable de los siete cargos. Al imponer la pena, el juez Lewis Kaplan destacó tanto la magnitud de las pérdidas como el riesgo de nuevas conductas. La caída del genio mediático no terminó en un titular sobre una mala estrategia, sino en una determinación judicial detallada de la responsabilidad personal.

El plan de reorganización entró en vigor el 3 de enero de 2025 y el administrador inició distribuciones progresivas. Sin embargo, las reclamaciones se valoran, por regla general, según los precios en dólares en la fecha de la quiebra, no como el derecho a recibir el mismo número de bitcoins después de la subida del mercado. Por tanto, un titular que hable de recuperar más del cien por cien necesita precisar el denominador: un porcentaje de la reclamación reconocida en dólares no es un porcentaje de la cantidad original de BTC.

Los pagos dependen además de que se admita la reclamación, de la verificación de identidad, de los datos fiscales, de la jurisdicción y del proveedor de distribución elegido. La historia no termina con la frase de que todo el mundo recuperó todo. Termina con un proceso largo en el que el saldo del cliente se convirtió en un derecho jurídico.

La fecha del 11 de noviembre de 2022 capturó bitcoin y otros activos después de una fuerte caída. Quien tenía una moneda en su cuenta obtuvo dentro del procedimiento una reclamación derivada de su precio en dólares en aquel momento; la revalorización posterior quedó en la masa concursal y no correspondió automáticamente al propietario original. Gracias a los bienes recuperados, a la venta de inversiones y al aumento de los precios, los administradores pudieron pagar más que el valor nominal de las reclamaciones reconocidas. Aun así, el cliente podía comprar con los dólares recibidos menos bitcoin del que veía en su pantalla antes del colapso.

Esta diferencia produjo dos titulares verdaderos, pero incompatibles. Los administradores concursales podían afirmar que muchos clientes recibirían el cien por cien de su reclamación reconocida, más intereses. El propietario de bitcoin podía responder que no le habían devuelto la moneda que confió al exchange. El derecho necesitaba una fecha fija y una unidad de medida común para repartir el patrimonio entre millones de reclamaciones. La experiencia humana, en cambio, medía la pérdida en activos cuyo precio había subido con fuerza desde entonces.

Detrás de la recuperación exitosa no apareció milagrosamente un saco de efectivo. El equipo de Ray rastreó tokens, participaciones en empresas, inmuebles, donaciones políticas y créditos frente a otras entidades, y los convirtió gradualmente en la masa concursal. Parte del valor procedía de la subida del mercado, parte de la venta de inversiones y parte de un costoso trabajo jurídico. Cada dólar recuperado aumentaba el pago a los acreedores, pero también recordaba que, si los activos hubieran estado segregados desde el principio, los clientes no habrían tenido que esperar a ver qué conseguía rescatar el administrador.

FTX negociaba bitcoin y muchos otros activos, pero su contabilidad interna no era la blockchain de Bitcoin. El cliente poseía un crédito frente a un Custodial Exchange. Cuando la dirección modificó el código y permitió a Alameda retirar fondos sin el límite habitual, los nodos de Bitcoin no tenían nada que rechazar: el fraude se desarrollaba dentro de una base de datos empresarial y de cuentas bancarias.

La self-custody habría eliminado el riesgo de esta contraparte concreta, pero no todos los riesgos. Las historias del disco de Howells y del IronKey de Thomas muestran el coste de los errores propios. FTX recuerda el extremo opuesto de la decisión: la comodidad de un custodio es un servicio real, pero el saldo continúa siendo una promesa hasta que puede retirarse a una wallet controlada por una clave propia.

La prueba práctica de la propiedad no es el logotipo de un exchange ni una cifra dentro de una aplicación, sino una retirada satisfactoria hacia una dirección cuya clave controla el usuario y cuyo estado puede verificar con su propio Full Node. Ni siquiera una Proof of reserves revela por sí sola todas las obligaciones, garantías o accesos especiales de una base de datos interna. Puede ser una parte útil del control, pero necesita la otra cara contable: qué posee la empresa, a quién debe y cuánto, y quién puede mover los activos. FTX fracasó precisamente en el espacio entre el saldo público de la blockchain y las promesas privadas dentro de la empresa.

Eso no significa que todos los clientes debieran haber retirado inmediatamente sus fondos y gestionar por sí mismos un sistema complejo de claves. Los exchanges proporcionan liquidez, cambios entre monedas, asistencia y comodidad, todo ello con un valor real. Pero la decisión exige llamar a las cosas por su nombre. El dinero en FTX no era bitcoin protegido por el consenso de la red frente a una transferencia interna; era un crédito contra una empresa controlada por personas cuyo código podía abrir un préstamo secreto a una cuenta.

La historia termina así en el mismo lugar que Mt. Gox, aunque por un camino distinto. Mt. Gox mostró caos y una fuga prolongada de monedas. FTX demostró que una marca moderna, los auditores de los inversores, las celebridades y el acceso político pueden crear una fachada más creíble sin eliminar la misma pregunta fundamental. Sam Bankman-Fried convenció al mundo de que su empresa pertenecía a las instituciones adultas. El protocolo de Bitcoin nunca se pronunció sobre esa afirmación. La única respuesta que podía dar era una transacción hacia fuera, mientras todavía fuese posible.