Un disco duro bajo miles de toneladas de basura

La sentencia describe la versión de Howells con una precisión poco habitual. Dejó las bolsas abajo y quería comprobar por la mañana que había escogido el disco correcto. Sin embargo, su pareja de entonces las llevó al vertedero de Docksway durante un desplazamiento. Según la demanda, Howells solo advirtió el error más tarde, cuando el precio creciente de Bitcoin le recordó el valor de aquel viejo archivo.

Howells sostuvo que en 2009 había minado 8.000 BTC y que las monedas seguían en sus direcciones originales. Para resolver el caso, el juez partió de que los hechos alegados eran ciertos, pero dejó claro que no los había verificado. Por eso es más preciso hablar de 8.000 BTC según la demanda, y no de un tesoro confirmado por un tribunal.

Este matiz procesal se pierde fácilmente en los titulares. La sentencia reproduce con detalle las afirmaciones de Howells para determinar si la demanda podría prosperar incluso en su mejor versión posible. No es una confirmación pericial de las direcciones, de la minería ni del contenido del disco. El relato se apoya así en un documento primario sólido que, al mismo tiempo, delimita exactamente aquello que el tribunal no decidió.

Según esta versión, Howells puso en marcha Bitcoin el 15 de febrero de 2009, apenas unas semanas después del inicio de la red, y minó 8.000 BTC en el ordenador de su casa. Sacó el disco del portátil en 2010, pero lo conectaba periódicamente mediante un cable USB porque no contenía solo la wallet. No era un artefacto olvidado y encontrado años después; era un archivo personal en uso que una tarde de agosto quedó junto a una pieza vacía del mismo formato.

La historia suele reducirse a la frase de que la pareja de Howells tiró el disco. La descripción judicial es más humana y menos cómoda. Fue el propio Howells quien puso el disco equivocado en la bolsa y pidió a su pareja que llevara los residuos. Cuando ella se negó al principio, decidió comprobar el contenido por la mañana; pero ella cambió de opinión y llevó las bolsas después de dejar a los niños en la escuela. No fue un robo ni un acto malicioso. Fue una sucesión de decisiones cotidianas, cada una razonable hasta el momento en que se combinaron.

Desde noviembre de 2013, Howells pidió acceso al ayuntamiento. Reunió un equipo, buscó financiación y propuso una excavación costeada por inversores. El informe que presentó situaba el disco en una zona de unos 2.000 metros cuadrados y en un volumen de entre 10.000 y 15.000 toneladas de residuos. Pero ni siquiera una celda precisa del vertedero equivale a las coordenadas de un disco.

El ayuntamiento rechazó la intervención por razones de propiedad, permisos, costes y obligaciones medioambientales. Durante años, la historia se repitió como una misión técnica de rescate, pero el obstáculo decisivo era jurídico y operativo: una persona no puede desmontar un vertedero sin permiso solo porque allí pueda encontrarse un objeto que antes era suyo.

La operación propuesta no consistía simplemente en cavar hasta encontrar un rectángulo de metal. Habría que clasificar los residuos, almacenarlos temporalmente, volver a depositarlos de forma segura y gestionar los riesgos para los trabajadores y el entorno. Incluso si el equipo encontraba el disco correcto, quedaría otra incertidumbre: si los platos, tras años de presión, humedad y exposición química, todavía podrían entregar datos legibles.

Howells habló por primera vez con Gwyn Jones, gerente de operaciones del ayuntamiento, el 25 de noviembre de 2013, cuando, según su demanda, el valor de las monedas se acercaba a los nueve millones de libras. Durante años preparó propuestas para convencer al ayuntamiento de que la excavación no sería una apuesta pagada por los contribuyentes. Incorporó inversores, especialistas en vertederos, recuperación de datos y seguridad. Cuanto más subía el precio, más fácil resultaba encontrar personas dispuestas a creer en la aguja escondida bajo una montaña de basura.

Mientras tanto, el ayuntamiento contemplaba una imagen distinta. Mike Wallbank, responsable jurídico interino del consistorio, señaló que Docksway contenía unas 350.000 toneladas de residuos y recibía otras 50.000 cada año. Las capas se cubren con material inerte y se compactan; la operación está sujeta a una autorización medioambiental. Para Howells, la zona elegida era un mapa hacia su patrimonio. Para el ayuntamiento era parte de una instalación viva, cuyos gases, líquidos, trabajadores y entorno estaban bajo su responsabilidad.

En enero de 2025, la High Court británica rechazó la demanda de Howells. Según el tribunal, no tenía posibilidades reales de prosperar: la ley atribuía al operador los objetos depositados en el vertedero y la reclamación tropezaba además con los plazos de prescripción. La sentencia no adjudicó al ayuntamiento los bitcoins de Howells. Dijo que el litigio trataba del disco físico y del derecho de entrada en el terreno.

El juez subrayó una diferencia técnica esencial. Los bitcoins no están en el disco ni en el vertedero; existen en la historia contable de la red. En el disco había un registro de la información que permitía firmar una transacción válida. Si Howells hubiera tenido otra copia de seguridad de la misma clave, no habría necesitado excavar.

Igualmente decisiva era la propiedad de los propios residuos. Conforme a la legislación aplicable, los objetos entregados al operador del vertedero pasaban a ser de su propiedad. Howells alegaba que nunca había abandonado intencionadamente el disco, pero el tribunal no encontró una vía jurídica que, años después, le diera derecho a recuperarlo u obligara al ayuntamiento a dejarlo entrar. El valor del contenido no alteraba la naturaleza jurídica del objeto desechado.

El juez Keyser KC conoció el caso en Cardiff en diciembre de 2024. Un equipo encabezado por Dean Armstrong KC representó gratuitamente a Howells; James Goudie KC representó al ayuntamiento. La lista por sí sola muestra hasta qué punto la historia se había alejado de un cajón doméstico. Ante el tribunal no había un hombre con una pala frente a un funcionario insensible, sino dos construcciones jurídicas: el propietario de información que reclamaba acceso a su soporte y un operador público que, conforme a la ley, había recibido el objeto desechado y la responsabilidad por todo el lugar.

Keyser no decidió, tras un juicio probatorio completo, si el disco existe y si la clave controla realmente las direcciones indicadas. Examinó la solicitud del ayuntamiento de eliminar la demanda y dictar sentencia sumaria. Así, incluso aceptando las afirmaciones de Howells en su forma más fuerte, no encontró una vía jurídica real hacia la excavación o la indemnización solicitadas. Esa forma de derrota es cruel precisamente porque deja abierta la pregunta física: puede que el disco esté allí, pero el tribunal dijo que una posibilidad no basta para adquirir el derecho a desmontar un vertedero.

El lema «not your keys, not your coins» advierte contra la custodia ajena. La historia de Howells muestra la otra mitad de la frase, la que no cabe en una camiseta: las claves propias necesitan copias de seguridad meditadas, un plan de herencia, separación física y un procedimiento de recuperación. La Self-custody coloca el poder y la responsabilidad en el mismo lugar.

La irreversibilidad de Bitcoin no significa aquí que la red le arrebatara las monedas a alguien. Significa que la red carece de una ventanilla donde presentar un documento de identidad y solicitar una nueva clave de firma. La misma propiedad que protege un saldo frente a una reescritura arbitraria se niega a hacer una excepción incluso ante un error humano muy convincente.

Una buena copia de seguridad no es simplemente otra copia colocada junto a la primera. Debe sobrevivir a un incendio, una mudanza, el fallo del soporte y la pérdida de memoria, y a la vez no puede ofrecer a quien la encuentre un acceso sencillo a las monedas. El caso de Howells no es un argumento a favor de un producto concreto. Es un argumento a favor de un método de recuperación que el propietario haya probado de verdad antes de necesitarlo.

La diferencia entre el disco y el bitcoin también explica por qué una sentencia que reconozca la propiedad no resolvería nada. Un banco puede restaurar el acceso a una cuenta después de verificar la identidad porque su base de datos reconoce la autoridad de un empleado y de una orden judicial. Un nodo de Bitcoin no sabe nada de James Howells. Solo ve un intento de gastar una salida y verifica la firma. Ni la compasión, ni una sentencia ni el voto unánime del ayuntamiento pueden sustituir el número secreto ausente.

Detrás de la lección técnica queda, por tanto, un hombre que lleva más de diez años regresando a aquella comprobación matinal aplazada. En cada ciclo, el aumento del precio engrandeció no solo la posible recompensa, sino también la imposibilidad psicológica de cerrar la historia. Si las monedas hubieran seguido sin valor, el disco sería desde hace mucho una pieza más de basura. Su saldo visible vuelve a poner precio al error cada día y mantiene viva la esperanza, aun después de haberse cerrado la vía jurídica.